Alrededor de 4.500 ascensores de toda Canarias necesitan pasar de inmediato la inspección técnica correspondiente fruto de la nueva normativa autonómica que entrará en vigor en septiembre. Así lo detalló ayer el director del área de formación de la Federación del Metal y las Nuevas Tecnologías de la provincia de Las Palmas (Femepa), Víctor Rubio, quien avanzó que esa cantidad tienen que hacerlo ya y eso va a suponer una mayor demanda de técnicos ascensoristas. Rubio cifró en 35.000 los ascensores instalados en toda Canarias que a partir de septiembre tienen que acogerse a la nueva normativa que presentó el pasado martes el Gobierno de Canarias en rueda de prensa. De este modo, los ascensores que no hayan pasado su correspondiente inspección técnica periódica serán paralizados cautelarmente hasta que el organismo de control certifique que se encuentran en buen estado de funcionamiento.
La nueva norma establece que las entidades conservadoras “deben comunicar mediante carta, y en un plazo máximo de dos meses, a los titulares de los ascensores la obligación de cumplir con las inspecciones periódicas obligatorias que regula la norma estatal” y que, “en caso de no hacerlo, el conservador deberá proceder a su paralización”.
Son los propietarios de los elevadores, según la nueva normativa, los que deben contratar a un organismo de control para llevar a cabo dichas inspecciones. La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ofrece en su página web un buscador de entidades acreditadas donde se pueden consultar los organismos que cuentan con acreditación en Canarias para llevar a cabo esta tarea. Además, en la web de la Asociación Canaria de Entidades de Inspección y Control (Aceico) se pueden consultar los datos de los organismos asociados y pueden también asesorar en estos procedimientos de inspección. De acuerdo con los resultados que se obtengan en dicha revisión, el organismo de control colocará una etiqueta verde, si el ascensor está en perfecto estado; naranja, si tiene algunas deficiencias que deben ser corregidas en el plazo de seis meses, durante el cual puede seguir operando; o roja si, por el contrario, debe estar fuera de servicio por graves deficiencias.
Con la entrada en vigor del nuevo decreto, Canarias se convierte en la segunda comunidad autónoma, junto con Asturias, en aplicar este tipo de medida, a la que, posteriormente, se adhirió también el País Vasco.
Con esta iniciativa se busca “garantizar la seguridad de los ascensores y, sobre todo, la de sus usuarios”, según explicó el martes, durante la presentación de la nueva normativa, el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Archipiélago, Pedro Ortega, quien recalcó la obligación de someter a dichas inspecciones esos aparatos, que, en última instancia, será responsabilidad de sus dueños, sean empresas, particulares o comunidades de vecinos. Como se ha apuntado, la norma entrará en vigor en septiembre, si bien habrá un plazo de dos meses para llevarlas a cabo antes de exponerse a tener que usar solo las escaleras. Elevadores cuyos titulares se arriesgan, además, a que se les impongan sanciones de hasta 3.000 euros si no están en regla a tiempo por negligencia en su mantenimiento y revisión.
El consejero subrayó que, al igual que sucede con los automóviles, que deben ser revisados con una periodicidad distinta según sean sus características técnicas, su uso y su antigüedad, el decreto fija diferentes plazos. Así, los que estén en centros o establecimientos públicos y, por tanto, tienen mayor actividad, tendrán que volver a ser mirados cada dos años, en tanto que a los de edificios de viviendas con más de veinte hogares o cuatro plantas de altura les tocará cada cuatro y a los restantes, cada seis.
Información publicada en El Diario de Avisos. 31 de agosto de 2018
